Mientras muchos candidatos -ganadores y perdedores- celebran o lamentan no haber sido preferidos por cada uno de los votantes de su comuna, hay otros que más allá de los resultados están preocupados por su situación judicial.

Y es que independientemente de que sigan al mando de los municipios, las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Tribunal Electoral Regional (TER), tienen a varios jefes comunales al borde de la formalización, la posterior acusación y probablemente la destitución.

Sin bien los más emblemáticos en este sentido son los alcaldes de Recoleta, Huechuraba y Viña del Mar -por la cobertura mediática que ha tenido el caso GMA- existen otras comunas como Renca, Ñuñoa, Vitacura e Independencia, donde las situaciones son tan o más graves. Por eso la justicia y los organismos fiscalizadores continúan realizando diligencias tendientes a esclarecer la existencia de irregularidades.

El principio de todo

Corría la segunda semana de marzo y la Alianza estaba preocupada de "darle con todo" a la ex ministra de Educación, Yasna Provoste, para lograr su destitución. Ello, sin saber que tras la aparición de un pequeño artículo publicado el 9 de marzo por La Nación Domingo (un animus injuriandi de 1.406 caracteres) quedaría al descubierto lo que para muchos era un secreto a voces: que en las municipalidades administradas por alcaldes de la UDI y RN había irregularidades.

"Esta gente lo que ha hecho es buscar una forma de usufructuar del Estado. ¿Dónde? Desde el único lugar donde pueden hacerlo, los municipios", dijo en una oportunidad el abogado Alejandro Chaparro, echando por tierra los planteamientos esgrimidos por el senador Andrés Allamand y su "teoría del desalojo".

Luego de la publicación de la nota, que hacía alusión a un conflicto entre Isaac Givovich -ex funcionario de la Municipalidad de Huechuraba y yerno de Joaquín Lavín- la alcaldesa Carolina Plaza y el asesor gremialista Iñaki Busto, la autoridad edilicia intentó aclarar el entuerto asegurando que en su comuna no había prácticas poco transparentes.

Sin embargo, sus dichos dejaron más preguntas que respuestas, abriendo la posibilidad para que los concejales iniciaran una ofensiva que terminó por develar que la presencia de la empresa Gestión Municipal Avanzada en el "reino" de "Lady Di", se repetía también en Recoleta y Viña del Mar con el mismo resultado: en ninguna prestaba los servicios para los que había sido contratada.

Fue así como empezaron a aparecer nombres como Marcelo Teuber, Julián Pope y Aníbal Rodríguez, quienes según la Contraloría tenían relación directa e indirecta con los tres municipios.

No obstante, el más perjudicado en todo esto fue el alcalde Gonzalo Cornejo, quien bajó su candidatura a la reelección, y según trascendidos de la Fiscalía Centro Norte, podría ser formalizado en las próximas semanas por fraude al fisco, cohecho y negociación incompatible. Figuras legales que se repetirían en Huechuraba y Viña del Mar, lo que además configuraría el delito de asociación ilícita. Algo que complica aún más a las alcaldesas Carolina Plaza y Virginia Reginato, las que son investigadas por el TER a raíz de solicitudes de destitución en su contra.

Pero el caso de la "Tía Coty" es un poco más complejo, ya que además de los problemas que el municipio tiene por sus vínculos con GMA, la Contraloría cuestiona el pago que recibieron algunos funcionarios con dineros provenientes de la concesión del Casino Municipal. Eso, sin contar los cuestionamientos que realizan los concejales por los elevados ingresos que perciben familiares y hombres de confianza del círculo más cercano de Reginato.

En este sentido, existen cerca de once familias que trabajan en la administración comunal y que concentran las jefaturas más importantes de Viña del Mar. El Departamento de Finanzas, el de Desarrollo Económico y el Gabinete son sólo algunas de las direcciones dirigidas por personas con lazos sanguíneos cercanos a la alcaldesa UDI.

Todo esto, además de la agresión sufrida por tres concejales concertacionistas que solicitaron la destitución de la "Tía Coty", está siendo investigado por el Ministerio Público de la V Región y por el TER.